EL DESAFÍO SECESIONISTA CATALÁN: LA HISTORIA INTERMINABLE 

_________________________________________________________________________

Jesús VEGAZO PALACIOS

   El nacionalismo no puede considerarse una filosofía política con un entramado intelectual coherente sino un sentimiento irracional de pertenencia a una misma comunidad de individuos con quien comparte los mismos vínculos de raza o etnia, el mismo territorio, la misma lengua, la misma religión y la misma cultura y tradiciones. Se enraíza con los movimientos revolucionarios del siglo XIX que desembocarán en los procesos de unificación territorial de la Confederación Germánica (II Reich) y de los estados italianos (Italia). Pero el Volkstum ("Estado del pueblo) del Johann Gottfried Herder o la teoría del espacio vital ("Lebensraum") del geógrafo alemán Fiedrich Ratzel consolida un pensamiento impulsivo que nace de las vísceras de aquellos elegidos para abanderar la construcción de un Estado para un pueblo que ansía la libertad-democracia y el reconocimiento de sus derechos históricos.    

   

    La Generalitat de Cataluña está en esa diatriba, utilizando el subterfugio del mal denominado "derecho a decidir".  El nacionalismo catalán apela a la democracia de las urnas (referendum) para intentar dinamitar el Estado de Derecho y subvertir el orden establecido a través de la aprobación de leyes de transitoriedad hacia un nuevo marco jurídico estrictamente catalán. Se apropia de competencias exclusivas del Estado y busca la confrontación permanente con el Gobierno Central, desoyendo las sentencias del Tribunal Constitucional. El objetivo final es la promulgación de una Constitución Catalana que vertebre los derechos y obligaciones de los nuevos ciudadanos de la República de Cataluña. Pero, este nacionalismo disgregador, centrífugo olvida que casi cuatro millones de catalanes no comulgan o comparten este pensamiento único nacionalista sino que plantean, a través de otros partidos políticos, fórmulas que permitan superar la crisis económica e institucional que vive Cataluña en estos momentos de zozobra.

    Carles Puigdemont ha desprestigiado el cargo de President porque únicamente representa a los votantes secesionistas. Convergencia i Unió, aquel partido nacionalista moderado que aglutinaba a la burguesía catalana, que colaboraba en Madrid aprobando  los Presupuestos Generales del Estado y Leyes Orgánicas de gran trascendencia para España y en el que presidía el famoso seny o sentido de la responsabilidad forma parte del pasado. Acosado por la corrupción y por los escándalos financieros de la familia Pujol (el famoso 3% de comisión de la obra pública), Convergencia se ha diluido en ese maremagnum viscoso denominado Junts pel Sí, que agrupa a Esquerra Republicana de Cataluña, al Partido Democráta de Cataluña y asociaciones independentistas como Omnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) o la Asamblea Nacional Catalana. La CUP, un partido político marxista-leninista, anticapitalista, antisistema y antieuropeísta, pone la guinda a este pastel. 

   También tienen una enorme responsabilidad el PSOE de Rodríguez Zapatero y el PP de Rajoy en la desafección de casi dos millones de catalanes que ya no se sienten españoles. No han hecho pedagogía política en Cataluña ni se ha dado un relato diferente al discurso oficial de la Generalitat. Que duda cabe que la crisis económica del 2007 ha sido utilizada por los nacionalistas para minar las relaciones con Madrid bajo el lema "España, nos roba". La propaganda, la manipulación de TV3 al servicio de la causa nacional y el férreo control de la educación han hecho el resto. Parece evidente que hay que articular un nuevo marco de financiación para las comunidades autónomas, ya que estas prestan los servicios básicos a los ciudadanos y son las garantes del Estado del Bienestar. Pero no es menos cierto que, aprovechando la coyuntura de la crisis, el nacionalismo catalán en su conjunto se ha radicalizado y ha buscado un enemigo propicio común, responsable de sus desgracias. La apelación al agravio comparativo y al victimismo son argumentos recurrentes y muy manidos. 

    El ideario nacional catalán recurre a falsos mitos que apuntalen la realidad de la nación catalana y denuncia la opresión del Estado español, que no España, buscando justificaciones históricas como el Corpus de Sangre (1640) y la guerra dels Segadors contra Felipe IV, siendo presidente de la Generalitat Pau Claris o la Guerra de Sucesión Española (1701-1714) y los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, tras caer la Barcelona del alcalde Rafael Casanova.

   Pero al margen de estas consideraciones históricas, el desprestigio que sufre la Generalitat, antiguamente Deputació del General de Catalunya (1359), al gobernar para los afines, está llevando a Cataluña a un callejón sin salida. El derecho a decidir apelando a la democracia participativa es el ardid empleado hasta el paroxismo por los gobernantes catalanes. No reconocen la soberanía nacional como principio de legitimidad que emana del libre consentimiento entre gobernantes y gobernados a través del derecho al voto. A nivel exterior, el nacionalismo catalán no ha conseguido sensibilizar a la comunidad internacional que ve el asunto como un problema interno estrictamente español. Y eso que han dilapidado miles de millones de euros en abrir embajadas catalanas por todo el mundo.

   Derecho a decidir como un ejercicio de libertad y democracia. Nadie puede condenar y censurar el libre derecho de depositar una papeleta en una urna. Aparentemente el argumento es impecable. Pero, ¿qué ocurre con las leyes, con el marco jurídico constitucional que confiere esa competencia exclusivamente al Gobierno Central? ¿Qué credibilidad puede tener estos políticos si se saltan las leyes cuando les apetece o cuando las sentencias van en contra de sus intereses secesionistas? ¿Acaso son de fiar? ¿Totalitarismo ideológico? O piensas como ellos o estás fuera del sistema. 

   Imaginemos que los ciudadanos de la comarca del Alto Ampurdán deciden de forma democrática, ejerciendo su derecho a decidir, declararse independiente y no reconocer la autoridad y las leyes de la Generalitat de Cataluña, al sentirse agraviados. ¿Qué ocurriría? Imaginemos un barrio de Barcelona que, pagando más impuestos que otras zonas de la ciudad, reciben peores servicios municipales. Sus habitantes votan democráticamente y deciden libremente no pagar más tributos y declararse autónomo en la gestión de sus recursos. O un edificio cuyos propietarios deciden voluntaria y libremente mediante el derecho a decidir no pagar más el IBI y otros impuestos municipales al consistorio. De locura.

   Cuando no se respeta el marco normativo, las leyes fundamentales aprobadas por la mayoría de los ciudadanos, cuando se intenta imponer el pensamiento único como fuente de legitimidad, cuando se retuerce el significado de conceptos como democracia, libertad, igualdad, derechos fundamentales del ciudadano, etc, se está poniendo los peligrosos cimientos de una entidad jurídico-política totalitaria. 

   Confiemos en que se imponga el sentido común y que todos nuestros políticos tengan altura de miras. De lo contrario será imposible salir de este bucle agotador.